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Un barco espía de 2.292 toneladas salido de un astillero de la Alemania del Este lleva 33 años en la Armada: el Gobierno acaba de autorizar su relevo, un buque de guerra electrónica con 74 meses de plazo

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Por: Autonoción Redacción

Publicado: 12.11.2026 20:30

Un barco espía de 2.292 toneladas salido de un astillero de la Alemania del Este lleva 33 años en la Armada: el Gobierno acaba de autorizar su relevo, un buque de guerra electrónica con 74 meses de plazo

¿Cuántos barcos espía tiene la Armada española? Uno. Se llama Alerta, lleva el numeral A-111 y lo construyó Neptunwerft, en Rostock, cuando la ciudad pertenecía todavía a la Alemania del Este.

El Consejo de Ministros del martes 10 de noviembre autorizó por fin su relevo: la orden de ejecución para que Navantia diseñe y construya un buque de inteligencia por 591.272.899 euros, con 74 meses para entregarlo. En la misma reunión salió un segundo encargo, un buque hidrográfico oceánico de 345.091.314 euros, y ese sí tiene astillero asignado en el papel oficial: la Bahía de Cádiz. El de inteligencia, de momento, no.

El buque de inteligencia Alerta (A-111) de la Armada
Foto: Antonio Galán Cees, CC BY-SA 3.0.
Buque de inteligencia (BAM AGI)
591,3 M€
Plazo: 74 meses desde la orden de ejecución
Misión: guerra electrónica
Astillero: sin fijar en la referencia oficial
BAHÍA DE CÁDIZ
Buque hidrográfico oceánico
345,1 M€
Plazo: no figura en la referencia
Misión: capacidad hidrográfica de la Armada
Astillero: unidad de corbetas y BAM de Navantia

Entre los dos suman 936.364.213 euros, aunque el reparto entre astilleros solo está claro para el más barato.

El barco al que relevan vino de la RDA

El Alerta es, francamente, uno de los barcos más raros de la lista de la Armada. Según su ficha en la web de la Armada, desplaza 2.292 toneladas, mide 76,5 metros de eslora y 12,3 de manga, y lleva 61 personas a bordo.

Nació como transporte de la clase Darss para la marina de la Alemania comunista. Tras la reunificación, España se lo quedó a un precio que defensa.com describió en su día como prácticamente al peso, y en un astillero de Las Palmas lo transformaron en buque de inteligencia electrónica. Su motor original, un diésel Kolomna de 2.200 CV, acabó sustituido. Ya lleva 33 años en la Armada.

Su relevo tiene nombre en el BOE. El Real Decreto 813/2025, el que regula los préstamos a Navantia para estos programas navales, lo llama BAM AGI, Buque de Acción Marítima de Inteligencia, y le asigna una tarea muy concreta: sustituir al Alerta, que hace sobre todo reconocimiento y vigilancia. El apellido BAM lo mete en la familia de los patrulleros de altura que Navantia ya fabrica para la Armada.

¿Qué hace un buque de guerra electrónica?

La referencia del Consejo de Ministros es bastante escueta con la misión. Dice que el barco permitirá a la Armada mantener, actualizar y mejorar su capacidad para hacer operaciones de guerra electrónica. Y poco más.

Si te suena abstracto, piensa en un barco lleno de antenas y receptores. Su trabajo consiste en captar las emisiones de radares, radios y otros sistemas electrónicos, identificar de dónde salen y averiguar qué hay detrás de cada señal. La guerra electrónica, en general, incluye también la capacidad de perturbar esas emisiones. No esperes una ficha de sensores, eso sí: el acuerdo no desglosa equipos ni fabricantes.

Lo que sí sabemos es que el trabajo de papel está hecho. La Moncloa explica que la contratación del diseño y la construcción llega una vez terminada la fase de definición o ingeniería previa, y esa fase ya la ha completado Navantia.

Tampoco hay medidas. Ni la referencia oficial ni el BOE dan eslora, desplazamiento o potencia del nuevo buque, así que de momento lo único que podemos medir con cinta métrica es el Alerta.

El hidrográfico sí tiene la Bahía asegurada

El hidrográfico oceánico es el que trae la carga de trabajo atada a Cádiz. Aquí La Moncloa lo escribe sin rodeos: lo ejecutará Navantia en su «Unidad de Producción del Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima», en la Bahía de Cádiz. Son 345.091.314 euros para diseñarlo y construirlo.

Un hidrográfico es, básicamente, el barco que dibuja el fondo del mar. Mide profundidades, levanta los datos con los que se hacen las cartas náuticas y recoge información del agua para que el resto de buques navegue sin sorpresas. Está pensado para medir y cartografiar. Es un trabajo poco vistoso del que depende cualquiera que navegue. El BOE lo describe como «un buque multidisciplinar para desarrollar la capacidad hidrográfica de la Armada», y por el apellido cabe suponer que trabajará lejos de la costa.

Ojo con confundirlo con los dos hidrográficos costeros que San Fernando ya tiene entre manos. Esos son bastante más pequeños, de 50 metros de eslora y unas 1.000 toneladas, salen de una orden de ejecución firmada hace casi tres años y su primera chapa se cortó este verano, según Navantia. El oceánico de 345 millones es otro barco, con otro encargo.

Si vives en la Bahía, ya sabes que los astilleros no andan precisamente parados. San Fernando va por la séptima corbeta para Arabia Saudí y Puerto Real ya ha bajado 16 bloques del británico RFA Resurgent. La referencia, eso sí, no da horas de trabajo ni empleos para ninguno de los dos encargos nuevos.

¿Y el de inteligencia, dónde se construye?

Esa es la pregunta que se hace la Bahía, y la respuesta oficial, hoy, es que no figura. La referencia del 10 de noviembre encarga el diseño y la construcción a Navantia sin nombrar astillero, y Navantia construye barcos en Ferrol, en Cartagena y en la Bahía de Cádiz.

El nombre BAM invita a mirar hacia Cádiz, pero tampoco lo decide. Los BAM no son exclusivos de la Bahía: el Audaz salió de San Fernando y el Furor, de la misma clase, de Ferrol. Así que nosotros no lo vamos a dar por hecho hasta que lo diga Defensa o la propia Navantia.

¿Y cuándo llegaría el relevo?

Los 74 meses son algo más de seis años, de modo que el Alerta seguramente tendrá que aguantar una buena temporada más. Ese plazo de entrega y recepción del relevo empezará a contar cuando Defensa y Navantia formalicen la orden de ejecución que el Consejo de Ministros autorizó el 10 de noviembre.

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