Hace ya cosa de un año comentábamos que a los españoles nos costaría nada menos que 1.500 millones de euros el acuerdo que firmó Fomento con Abertis en 2006 y llorábamos porque finalmente el Estado rescataría las autopistas de peaje en quiebra. Si bien es cierto que a nuestros bolsillos no les gustaron mucho estas noticias, vimos un haz de luz al conocer que no se renovaría la concesión a las carreteras de peaje.
Es más, hace poco conocíamos que la AP-1 ya no será una autopista de pago y hoy las buenas noticias continúan, pues tal y como ha anunciado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el Gobierno abaratará un 30% los peajes de las autopistas rescatadas a partir del próximo 15 de enero de 2019. Recordemos que las nueve autopistas de peaje rescatadas son la R-2, R-3, R-4, R-5, M-12, la AP-36, la AP-41, la AP-7 y la Circunvalación de Alicante.
Sin embargo, esta medida choca la subida del 1,7% que sufrirá todo el resto de la red en 2019, una subida que, pese a todo, es inferior a la del 1,91% que se llevó a cabo en 2017 y que no se aplicó de igual manera en todas las autopistas de peaje. En este sentido, una de las más afectadas fue la autopista AP-9 en A Coruña, con un aumento de hasta un 3,81% para amortizar una circunvalación, lo que le ha costado una demanda de la Fiscalía.
Dicha cifra es el resultado de aplicar la fórmula de revisión automática anual que en 2002 el sector pactó con el Gobierno.
La empresa encargada de la explotación de las autopistas rescatadas es la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), un organismo dependiente de Fomento que ahora pretende impulsar el uso de estas vías y recuperar el coste de su mantenimiento, al tiempo que Ábalos lo considera una buena oportunidad para avanzar en la reflexión acerca de la posibilidad de implantar para el 2020 el pago por uso de autovías que ahora son gratuitas.
El ministro insiste en la necesidad de que el sector privado participe (todavía más) en los costes de la infraestructura de transporte y apoya la propuesta de la patronal Seopan, que hace unos meses publicaba un informe que proponía el pago por entrar a ciudades como Madrid o Barcelona, lo que reportaría unos ingresos de entre 60.000 y 110.000 millones de euros en un plazo de 25 años.
En resumen… ¡A pagar! ¡A pagar!
