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1.500 millones de euros nos costará a los españoles el acuerdo que firmó Fomento con Abertis

Nada menos que 1.494 millones de euros ha sido la cantidad final que tendrá que pagar el Ministerio de Fomento a la concesionaria de autopistas Abertis. Todo ello, tiene sus inicios en el año 2006, cuando la entonces ministra de Fomento –Magdalena Álvarez– firmó un peligroso convenio con Acesa, la filial de Abertis, por el cual se incluía una cláusula de compensación que implicaba “la desaparición del riesgo” para dicha empresa. En el caso de que disminuyera el tráfico en la autopista de peaje AP-7 sería el estado quien asumiría estas pérdidas, y al final la quiebra de los peajes nos tocará pagarla a todos.

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Ya fue en su día el Consejo de Estado quien advirtió al Ministerio de Fomento, en particular a la antigua ministra Magdalena Álvarez de que este convenio se apartaba del “principio rector” que regula las concesiones de las autopistas desde 1972, pero sin embargo, Álvarez no hizo caso de esta importante advertencia. Este acuerdo se llevó a cabo en un momento muy característico, allá por el año 2006 cuando estaba claro que España entraría en recesión en poco tiempo y atravesaría una grave crisis económica.

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En un principio, la socialista andaluza anticipó que el tráfico entre el tramo de Tarragona y La Junquera aumentaría a un ritmo del 2% hasta el 2021, cuando terminaría la concesión y además se prometió compensar a Abertis si esto no sucedía. Ahora ha llegado ese momento, y las predicciones han estado muy lejos de cumplirse. Abertis tras acudir al Tribunal de Justicia de Madrid ha obtenido una clara victoria, y los jueces se han puesto rápidamente del lado de la empresa concesionaria de autopistas.

“El propio Consejo de Estado ya avisó, en su dictamen de 30 de marzo de 2006, sobre la desaparición del riesgo y ventura para la concesionaria y el desequilibrio entre concedente y concesionaria, avisando en su punto nueve que dicha previsión comporta, de facto, la exclusión del riesgo y ventura que prevé, como principio rector, para las concesiones de autopistas la ley 8/1972, de 10 de mayo”

Estos mismos jueces han señalado que ya en su momento el Consejo de Estado alertó ante semejante cláusula, pero sin embargo nadie hizo caso y el convenio se firmó. Este acuerdo firmado ya 11 años atrás garantizaba la inexistencia de pérdidas para la concesionaria a través de este saldo de compensación que finalmente tendrá que ser abonado, y como no del bolsillo de todos los españoles que una vez más somos los perjudicados para rescatar a las autopistas en quiebra.

Fuente: El Mundo

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