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Finalmente el Estado rescatará las autopistas de peaje en quiebra: La “gracia” que pagaremos todos

Se veía venir. Estaba claro que el boom de las autopistas de peaje lo íbamos a acabar pagando entre todos los españoles. Así lo ha declarado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien ha precisado que a pesar de que las negociaciones con los bancos siguen sobre la mesa, “un acuerdo que facilite las cosas es muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda“.

Mucho estaba tardando en llegar el rescate de las ocho autopistas de peaje que actualmente están en quiebra financiera -en total hay 21 autopistas de peaje en nuestro país-. Era eso o la liquidación y el cierre al tráfico de las mismas. La única pega es que la “broma” nos costará, como poco, 3.400 millones de euros, una cifra que podría aumentar hasta los 5.500 millones de euros con los gastos derivados, según afirman desde Seopan, la patronal de las grandes constructoras.

Lo mejor de todo es que desde Fomento siguen empecinados en defender que el Estado puede recuperar e incluso ganar dinero con la recuperación de las autovías si el tráfico por las vías de peaje se recupera a lo largo del plazo de la concesión. Vamos, cualquier cosa menos reconocer que, como tantas otras cosas en nuestro querido país, las autopistas de peaje fueron un derroche de dinero totalmente estúpido e innecesario. Ahora, llegan los problemas, pues el rescate es la única opción ante un gran número de entidades extranjeras que se han deshecho de sus pasivos vendiendo la deuda con un fuerte descuento (hasta del 70%) a los denominados fondos buitre (fondos de inversión fuertemente especulativos).

Dichas autopistas de peaje en quiebra son las radiales madrileñas 2, 3, 4 y 5 (consorcio Accesos de Madrid compuesto por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia); la M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas), la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-36, la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Cartagena-Vera (Aucosta).

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Pero, ¿por qué se tiene que hacer cargo el Estado? Pues básicamente como consecuencia directa de la cláusula de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que aparece en los contratos de adjudicación de las vías. A causa de la misma, el Estado tiene la obligación de asumir una infraestructura en caso de quiebra, y abonar a las empresas concesionarias el importe de la inversión que aún no han recuperado. Al menos nos quedaremos con el consuelo de que el tráfico dichas vías creció un 5,76 % en los diez primeros meses del año, alcanzando una media diaria de 18.762 vehículos, el mayor volumen registrado en ese periodo desde 2011.

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Aun así, estamos en las mismas, seguiremos tirando el dinero sin oficio ni beneficio, todo ello por no hablar de que, probablemente, el asunto acabe en los tribunales, como ya ha ocurrido con las R-3 y R-5 de Madrid. Recordemos que la sentencia obliga al Ministerio de Fomento a asumir el control de dichas carreteras antes de julio de 2017, situación a la que podrían sumarse nuevos procesos en relación a estas otro ocho vías en quiebra financiera.

Ahora el Estado tendrá que pensar qué hacer con estas autopistas más allá de pagar la deuda actual. ¿Cerrarlas y vender todos los activos para recuperar parte del rescate? ¿Mantenerlas y seguir perdiendo dinero? ¿Eliminar los pejaes y convertirlas en autopistas convencionales? Queridos amigos, quizá algún día lleguemos a salir de dudas.

Fuente: El Mundo

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