En muchas ocasiones el afán recaudatorio de la Dirección General de Tráfico llega demasiado lejos, aunque por suerte de vez en cuando ellos también se llevan algún que otro palo al bolsillo. Es el caso de la última sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid, quien ha obligado a la DGT a retirar una multa de 300 euros y dos puntos de carnet a un conductor que presuntamente circulaba a 153 km/h por una vía cuyo límite era de 120 km/h. Adicionalmente, Tráfico también deberá pagar los 200 euros de costas judiciales.
Y digo presuntamente porque, tal y como denuncia Automovilistas Europeos Asociados -AEA-, una asociación independiente y sin ánimo de lucro, la DGT no aplicó correctamente los márgenes de error legalmente establecidos para la graduación de la sanción, una práctica que podría llevar a anular hasta medio millón de multas interpuestas por radares desde 2010.
Tal y como denuncian desde la asociación, no es la primera resolución judicial que anula una multa de velocidad por este motivo, aunque sí es la primera vez que un órgano judicial reconoce que Tráfico ha estado aplicando, en perjuicio de los ciudadanos, una norma técnica obsoleta. La norma en cuestión es la Norma UNE 26444 -utilizada indebidamente por Tráfico durante años-, la cual no es una norma jurídica real, sino una recomendación hecha por AENOR en 1992 que perdió su vigencia a finales de 2006.
Si la multa a este conductor interpuesta en la A-50 no es legal, también podrían dejar de serlo por el mismo motivo otro medio millar de sanciones, según calcula AEA.
En diciembre de 2006 entró en vigor una nueva normativa que establecía otros márgenes de error diferentes y mucho más beneficiosos para los ciudadanos. Estos, además, aplicados sobre la medición efectuada por los radares, obligan a imponer sanciones más reducidas. Lo que AEA denuncia es que, desde mayo de 2010, fecha en la que entró en vigor la reforma de la Ley de Seguridad Vial, la DGT no está aplicando ningún tipo de margen de error y está imponiendo sanciones por encima de lo que marca la ley, lo que conllevaría a que cerca de 500.000 multas puedan ser declaradas nulas.
Fuente: AEA
