Hace ya cosa de un año comentábamos que a los españoles nos costaría nada menos que 1.500 millones de euros el acuerdo que firmó Fomento con Abertis en 2006 y llorábamos porque finalmente el Estado rescataría las autopistas de peaje en quiebra. Si bien es cierto que a nuestros bolsillos no les gustaron mucho estas noticias, vimos un haz de luz al conocer que no se renovaría la concesión a las carreteras de peaje.
Es más, hace poco conocíamos que la AP-1 ya no será una autopista de pago y las buenas noticias continuaban con el abaratamiento de un 30% en los peajes de las autopistas rescatadas a partir del próximo 15 de enero de 2019. Pero como no es oro todo lo que reluce, ahora nos cae un nuevo cubo de agua fría: las vías de peaje necesitan una inversión de al menos 317,6 millones de euros para la “puesta a cero de las infraestructuras” por “su afección a la seguridad vial” y, además, tendrán pérdidas hasta 2022.
Así lo ha anunciado el Ministerio de Fomento, quien asume que los gastos que generarán serán superiores a los ingresos en un plazo de cuatro años, esencialmente, por la reducción en el cobro de los peajes. A consecuencia de ello, la explotación de estas vías se saldará con un beneficio bruto de explotación negativo los próximos cuatro ejercicios, pasando de una estimación de 19,2 millones de euros en pérdidas en 2019 a 3,16 millones de euros en 2022.
Recordemos que las nueve autopistas de peaje rescatadas son la R-2,R-3, R-4, R-5, M-12, la AP-36, la AP-41, la AP-7 y la Circunvalación de Alicante.
Los cálculos iniciales prevén que el aumento del tráfico por el abaratamiento de los peajes generará un aumento del 7,1% en el beneficio, junto a una reducción en los gastos totales del 5,6%. Sin embargo, el incremento de los beneficios no es suficiente para cubrir todos los costes porque dicho aumento no llegaba al 2% en el mes de septiembre. Además, los ingresos por parte de las áreas de servicio están descendiendo. Sí, creíamos que pagaríamos menos en peajes, pero la broma nos va a salir muy cara.
Según señala el propio Ministerio, “Repsol ha mostrado su disconformidad con la continuación de los contratos que tenía en vigor con las sociedades que tenían las vías, lo que produce una merma de ingresos por este concepto” y estima que explotar estas vías le supondrá un gasto de 142 millones de euros en 2019, cifra que se irá reduciendo progresivamente hasta alcanzar los 134,7 millones de euros en 2022.
Respecto a los ingresos, las estimaciones apuntan a que las nueve vías generarán 122,8 millones de euros en 2019 con las nuevas tarifas publicadas en el BOE, importe que se elevará progresivamente hasta los 131,59 millones en 2022. Y ojo, porque a estas pérdidas hemos de sumar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) con las antiguas concesionarias, cuyo importe estimado supera los 2.000 millones de euros.
La empresa encargada de la explotación de las autopistas rescatadas es la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), un organismo dependiente de Fomento que ahora pretende impulsar el uso de estas vías y recuperar el coste de su mantenimiento, al tiempo que Fomento lo considera una buena oportunidad para avanzar en la reflexión acerca de la posibilidad de implantar para el 2020 el pago por uso de autovías que ahora son gratuitas.
El ministro insiste en la necesidad de que el sector privado participe (todavía más) en los costes de la infraestructura de transporte y apoya la propuesta de la patronal Seopan, que hace unos meses publicaba un informe que proponía el pago por entrar a ciudades como Madrid o Barcelona, lo que reportaría unos ingresos de entre 60.000 y 110.000 millones de euros en un plazo de 25 años.
