La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado una investigación tras la vandalización de siete radares en diferentes carreteras convencionales de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
Aunque seguramente se trate de un movimiento de gente harta, parece que los autores de estos hechos podrían enfrentarse a severas consecuencias legales y económicas si se llega a conocer la autoría.
Cabe recordar que la destrucción o sabotaje de estos dispositivos es constitutiva de un delito de daños tipificado en el Código Penal. En particular, el artículo 263.2 establece que si los daños tienen por objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad o derivan de acciones ejecutadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones, los responsables podrían enfrentar penas de prisión de entre 1 y 3 años y multas de 12 a 24 meses.
Radares vandalizados con un coste de más de 469.000 euros
Más allá del perjuicio económico que representa para la administración —con un coste aproximado de 67.000 euros por cada radar fijo y 66.000 euros por cada radar de tramo—, la vandalización de estos dispositivos representa un grave riesgo para la seguridad vial.
Como respuesta a estos actos, la DGT ha implementado medidas adicionales de vigilancia. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de Seguridad Ciudadana reforzarán el control en los puntos donde se encuentran los radares, y se han instalado cámaras de seguridad conectadas directamente con los Centros de Gestión de Tráfico para detectar sabotajes y actuar con rapidez en caso de ver vehículos sospechosos.
Como ya sabrás, los radares permiten un control exhaustivo del tráfico, incluyendo la vigilancia de conductores extranjeros y la monitorización de velocidades medias en tramos específicos de las vías. Por ello, organismos europeos recomiendan continuar promoviendo su uso para mejorar la seguridad en carretera.
Con estas medidas, la DGT busca garantizar la protección de los radares y reforzar su papel como herramientas clave en la reducción de la siniestralidad vial, recordando que su objetivo principal es salvar vidas.