No es ningún secreto que el Gobierno tiene abierto un debate acerca de la posibilidad de implantar para el 2020 el pago por uso de autovías que ahora son gratuitas, a fin de que los usuarios compartamos con el Estado el mantenimiento de la red de carreteras. Al fin y al cabo, hoy en día el mantenimiento de las autovías tiene un coste para el Estado de 11.000 millones de euros, algo que no es viable ante el aumento significativo de kilómetros y la disminución de recursos públicos.
Parece ser que en las arcas del Estado falta dinero sólo para lo que les interesa, y más allá de algún que otro bache en la autopista o una señal en mal estado, hay algunos problemas bastante graves en nuestra red viaria, tal y como señala el propio Ministerio de Fomento. Según las cifras registradas por el Sistema de Gestión de Puentes (SGP), una base de datos del propio ministerio, 66 puentes de la red de carreteras del Estado presentan graves problemas de seguridad.
Así lo señalan desde El País, desde donde también apuntan que no existe ningún riesgo para la movilidad u otros peligros estructurales o de derrumbe. Sin embargo, noticias como el derrumbe del puente Morandi de Génova el pasado mes de agosto no nos inspiran mucha confianza, y más si nos dicen que «estas 66 estructuras -en su mayoría puentes o pontones- cuentan con graves deterioros o patologías que comprometen su seguridad y que necesitan o han necesitado una actuación urgente para repararlas«.
Si bien la mencionada base de datos del SGP no tiene carácter público «por razones de seguridad», en ella se pueden encontrar desde informes hasta fotografías hechas por los inspectores. Según los datos del diario, las casi 23.000 obras de paso que comprenden puentes y pontones (87,2%), estructuras de grandes dimensiones, pasos inferiores peatonales y pasarelas peatonales, han sido inspeccionadas al menos una vez en los últimos cinco años.
Para la valoración de los daños se utiliza un sistema de puntuaciones -de 0 a 100- en función de diversos parámetros, siendo la puntuación preocupante de 81 puntos en adelante. Es en ese momento cuando necesitan una supervisión especial porque presentan “patologías potencialmente graves que pueden afectar a su comportamiento resistente”, y actualmente hay nada menos que 66 puentes o viaductos repartidos por 26 provincias en esta situación.
Andalucía es la provincia con mayor número de infraestructuras en mal estado (34), sobre todo Cádiz y Málaga, seguido de Galicia (10) y Castilla León (9). Solo el 6,5% de las obras de paso no presentan anomalías de ningún tipo.
Es a partir de los 21 puntos cuando las estructuras presentan deterioros de mayor o menor envergadura que “pueden tener una evolución patológica que afecte a la durabilidad o a las condiciones de servicio”. Del conjunto de 22.961 estructuras de nuestras carreteras, solo hay 1.486 estructuras “sin patologías evidentes o con deterioros sin consecuencias relevantes para la durabilidad, condiciones de servicio o seguridad”, según un informe al que tuvo acceso el diario.
Las estructuras con patologías graves en España se sitúan entre los 41 y los 60 puntos (son la gran mayoría). Dependiendo de la gravedad se reparan solo algunos puntos o la estructura al completo, aunque el dato preocupante lo representan las diversas obras de emergencia que se han tenido que llevar a cabo en los últimos cinco años por parte del ministerio, cuyas obras se adjudican sin concurso ni publicidad (se informa con posterioridad al Consejo de Ministros para que las valide).
Entre 2014 y agosto de 2018 se han invertido 116 millones de euros en obras de emergencia, tal y como señala el informe de la Dirección General de Carreteras.
De las mencionada 66 estructuras en estado grave se han reparado 19, una de ellas está en reparación y otra ha sido demolida. Además, hay otros tantos puntos en valoración y tramitación con inspecciones especiales por diversas causas (accidentes, riadas…). Igualmente, está prevista la implantación de diversas mejoras en el sistema de revisión del estado de las estructuras, pero recordemos que apenas un 0,29% de todas las infraestructuras las gestiona Fomento.
