Hace ya cosa de un año comentábamos que a los españoles nos costaría nada menos que 1.500 millones de euros el acuerdo que firmó Fomento con Abertis en 2006 y llorábamos porque finalmente el Estado rescatará las autopistas de peaje en quiebra. Más recientemente, hemos conocido que la AP-1 ya no será una autopista de pago y se publicaba un informe que proponía el pago por entrar a ciudades como Madrid o Barcelona.
Pero el Gobierno ahora quiere ir un paso más allá y planea implantar para el 2020 el pago por uso de autovías que ahora son gratuitas. La realidad es que el Ministerio de Fomento ve con escepticismo el actual modelo de financiación de las carreteras de nuestro país, y por eso, están preparando un nuevo sistema de conservación y mantenimiento que entraría en vigor antes de junio de 2020.
Y no son los únicos, ya que la Comisión Europea hace tiempo que está estudiando imponer peajes en todas las vías rápidas europeas para coches y camiones. Sin ir más lejos, Alemania va a cobrar más a los extranjeros por utilizar sus autopistas. Si alguien le ha echado un vistazo a la Directiva europea 1999/62, sabrá que ésta se pensó para grabar la circulación de los camiones de gran tonelaje (12 toneladas), aunque desde 2012 se aplica también a los vehículos de 3,5 toneladas.
La propuesta no es algo nuevo, era algo que ya estudiaron los populares, pero la repercusión que podría tener tal medida en las urnas les hizo recular rápidamente.
A nivel europea, básicamente se plantea una nueva reforma de esta Directiva que afectaría a todas y cada una de las autovías y autopistas que tenemos en España. Y esta opción que ya barajan desde Bruselas parece que le ha gustado especialmente al Ejecutivo socialista, hasta el punto en que el Ministerio de Fomento ya ha creado una subcomisión en el Congreso a tal efecto.
El objetivo de esta nueva subcomisión es establecer las líneas maestras del plan para tarificar a los vehículos en las vías rápidas de alta capacidad, y en ella participan desde miembros del Gobierno nacional hasta autoridades autonómicas, concesionarias y diversas empresas del sector. Las reuniones darán comienzo a principios de 2019, exponiendo las conclusiones en un período máximo de seis meses.
Se haría efectivo a través del control electrónico sin barreras, algo similar a lo que existe actualmente en Portugal, los polémicos y temidos pórticos que te cobran cuando pasas por ellos, y según señalan fuentes a El Confidencial, las primeras pautas del proyecto ya estarían marcadas. Además, el diario señala que el Gobierno ya cuenta con el apoyo de una amplia mayoría del Congreso, por lo que todo apunta a que el plan finalmente verá la luz nos guste o no.
El sistema de tarificación se establecerá en función del etiquetado ecológico de la DGT o, en otras palabras, quien más contamine más pagará, con precios que podrían variar entre 0,03 euros y 0,15 euros por kilómetro. Echemos unas cuentas rápidas, los 300 kilómetros que hay de aquí a Valencia nos costarían entre 9 y 45 euros. Desde luego, no está nada mal para llenar las arcas del Estado.
Hoy en día, el mantenimiento de las autovías tiene un coste para el Estado de 11.000 millones de euros, algo que no es viable ante el aumento significativo de kilómetros y la disminución de recursos públicos. Con esta nueva medida, no sólo se incrementarían los ingresos para el mantenimiento de la red viaria, sino que también se amortizaría rápidamente la inversión de aproximadamente 700 millones de euros que requiere la instalación de los pórticos.