Una vez formado gobierno en nuestro país, el Grupo Parlamentario Popular se ha puesto manos a la obra para tratar de reducir la mortalidad en las carreteras españolas y, de paso, rellenar ligeramente las cuentas del Estado. Hablamos de la nueva propuesta no de ley del Partido Popular en el Congreso de los Diputados que recoge la necesidad de que se instalen más radares y vigilancia por parte de la Guardia Civil en los primeros 300 tramos más peligrosos de carreteras secundarias identificados recientemente por la DGT.
Esta iniciativa, la cual será debatida y votada por la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja, surge porque “tras conocer los datos relativos a la siniestralidad del último verano -en el que han fallecido 253 personas, 27 más que el año anterior- vemos conveniente insistir en las líneas de actuación de intenso trabajo que ya está llevando a cabo la DGT” señala el texto del Grupo Parlamentario Popular.
No es ningún secreto que en estas vías es donde se han producido los mayores efectos combinados de excesos de velocidad, accidentalidad y mortalidad en el quinquenio 2010-2014, por lo que el texto también contempla seguir incorporando las medidas de señalización adecuadas en estos 300 tramos como ya se hizo el pasado verano, cuando la Dirección General de Tráfico puso en marcha el paquete de medidas que implicaba la colocación de señales fijas verticales y rectangulares pintadas de color naranja y localizadas bajo la limitación genérica de velocidad.
El paquete de medidas especial del pasado verano surtió efecto en toda España, salvo en Cataluña y País Vasco, ya que ambos gobiernos tienen transferidas las competencias en materia de tráfico.
Por último, en la proposición también se afirma que “en los países de nuestro entorno europeo la siniestralidad tiende a aumentar, en el Reino Unido un 13 por ciento, al igual que en Suecia, llegando hasta un 18 por ciento en Dinamarca. Y Alemania es la única que consigue descender hasta el 9 por ciento”, por tanto esto “hace valorar el seguir incrementando los medios a nuestro alcance para poder invertir la tendencia”. De salir adelante, el Grupo Popular convertiría España en uno de los países con mayor número de radares, y si la recaudación actual por sanciones ronda ya los 400 millones de euros anuales, imaginaos el aumento de la cifra con las nuevas medidas.