La DGT y el Gobierno miran con temor a la Unión Europea y la decisión que pueden tomar respecto a la baliza v-16. Ponen en duda su legalidad, España se saltó un proceso clave que deben cumplir los países miembros, y podría considerar el nuevo sistema de seguridad vial ilegal, y eso podría tener muchas consecuencias negativas para el Gobierno, entre otras, lidiar con las multas que ya se han impuesto. ¿Qué pasaría con ellas? Otro aspecto tendría que ver con la comercialización y cómo la ilegalización de las balizas podría suponer un problema para los ciudadanos que la han comprado, para los vendedores, y para los fabricantes.
Las balizas en el punto de mira
La Unión Europeo ha puesto el punto de mira a España, a la DGT, y concretamente, a las balizas v-16, obligatorias en nuestro país desde el pasado 1 de enero. El 2026 se estrenó con una nueva normativa, todos los vehículos que circulan por las carreteras de nuestro país, y con matrícula española, están obligados a portar la baliza V-16, el nuevo dispositivo que se debe colocar sobre el capó del coche en caso de avería o accidente en carretera, que viene a sustituir a los triángulos tradicionales, esos que tanto tiempo nos acompañaron y que siguen siendo el único sistema de alerta válido en toda Europa, menos aquí.
El asunto es que dicha baliza, su obligatoriedad, podría no estar ajustada a la normativa comunitaria. No se trata de si el sistema es válido o no, de si cumple las funciones de seguridad necesarias o no, se centra en la exigencia específica de que dicho dispositivo deba incorporar conectividad de forma obligatoria y geolocalización vinculada a la DGT 3.0
La Unión Europea ha advertido que el modelo de baliza V-16 conectada impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) podría no ajustarse a la normativa comunitaria sobre dispositivos de señalización de emergencia. El cuestionamiento no se centra en la existencia de la baliza como sustituto de los triángulos, sino en la exigencia específica de que el dispositivo incorpore conectividad obligatoria y geolocalización vinculada a la plataforma DGT 3.0.
Desde Europa consideran que esta exigencia podría vulnerar un principio básico de libre circulación de mercancías dentro del mercado único, ya que impone características no armonizadas a nivel comunitario. Viene a decir que España podría establecer con estas medidas, requisitos propios que dificulten la comercialización de dispositivos equivalentes fabricados en otros Estados miembros.
Por tanto, se estudia la compatibilidad de la regulación con la directiva dictada desde Europa aplicable a equipos para señalizar situaciones de emergencia. Y en caso de que haya incumplimiento, se puede sancionar con una multa, obligar a modificar la normativa, o incluso prohibir las balizas V-16.
¿Qué pasa si las prohíben y me han multado?
Desde que las balizas V-16 entraron en vigor, las multas se han ido poniendo a quienes no cuentan con dicho elemento de seguridad. En caso de que la Unión Europea declarara ilegal el dispositivo, esas multas deberían anularse. Y en caso de que se hayan abonado las multas, se podría abrir un proceso para reclamar el reembolso de la multa.
En caso del mercado, podría abrirse reclamaciones por todos lados. Los compradores en primer lugar, que se han visto obligados a pagar 40 euros de media por cada baliza. Los comercios, por la compra y venta de unos productos ilegales, y los fabricantes, que han invertido mucho dinero para la fabricación. No olvidemos que, económicamente, el gran ganador ha sido el gobierno, que ha ingreso, vía impuestos, no solo por el IVA de las ventas, en el proceso de creación hasta la comercialización, hay muchos procesos que también generan impuesto que van a parar a las arcas públicas. En caso de que la baliza sea ilegal, esa recaudación sería ilícita y, por tanto, habría que devolverla.
