Recibir una multa de la Guardia Civil por avisar de un control de carretera es una realidad cada vez más frecuente en España. El uso de aplicaciones de mensajería para alertar sobre la presencia policial ha dejado de ser una práctica impune y ya conlleva sanciones graves. Lo que muchos conductores consideran un gesto de ayuda entre compañeros de ruta, las autoridades lo califican como una infracción que pone en riesgo la seguridad de todos.
Así, en 2026, la vigilancia sobre grupos de Telegram, WhatsApp y aplicaciones como Waze se ha intensificado, con consecuencias económicas que pueden afectar seriamente el bolsillo de cualquier conductor.
El caso de Ibiza, un aviso a la Guardia Civil que terminó en multa
Un suceso reciente en Santa Eulalia des Riu, en la isla de Ibiza, sirve como ejemplo de la capacidad de rastreo que tienen actualmente las fuerzas de seguridad. Durante un operativo ordinario, agentes de la Guardia Civil identificaron a dos mujeres en un vehículo.
Poco después de dejarlas marchar, desde la Guardia Civil notaron que el tráfico en la vía principal caía de forma drástica, mientras que muchos coches comenzaban a desviarse por un camino vecinal paralelo para evitar el punto de vigilancia.
Al investigar la actividad en las redes, los agentes localizaron en un grupo de Telegram un mensaje explícito: «Control rotonda Santa Eulària». El rastro en la red permitió identificar rápidamente a la autora, quien resultó ser una de las mujeres que acababa de pasar por el lugar.
Este caso ha vuelto a poner el foco en la multa por avisar de un control, una sanción que se aplica con rigor para evitar que se frustren operativos policiales destinados a mejorar la seguridad vial.
¿A cuánto asciende la multa por avisar de un control en 2026?
La normativa es muy clara al respecto. Según la ley vigente, el uso no autorizado de datos de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que ponga en peligro el éxito de un operativo se considera una infracción. La cuantía de la multa por avisar de un control oscila en un abanico muy amplio que va desde los 601 euros hasta los 30.000 euros en los casos considerados más graves.
La gravedad de la sanción depende de factores como el alcance del mensaje o si la información compartida permite que personas con órdenes de detención o conductores bajo los efectos del alcohol eludan la vigilancia.
La Guardia Civil insiste en que estos grupos de avisos han evolucionado hacia sistemas que informan en tiempo real de cada movimiento de las patrullas, algo que dificulta enormemente la labor diaria de protección en las carreteras.
El plan de la Guardia Civil: controles exprés para evitar soplos
Para contrarrestar la efectividad de las alertas en redes sociales, la Agrupación de Tráfico ha modificado su forma de trabajar en todo el país. En lugar de establecer puntos fijos durante varias horas, ahora predominan los denominados controles exprés, que apenas duran unos 15 minutos antes de desplazarse a una nueva ubicación.
También se han potenciado los servicios dinámicos, donde las patrullas seleccionan vehículos de manera aleatoria mientras se encuentran en movimiento por la red vial.
El objetivo principal es recuperar el factor sorpresa. Las autoridades recalcan que el problema de estos avisos no es la recaudación de dinero, sino la pérdida de vidas. Un conductor que comparte la posición de una patrulla puede estar ayudando, sin ser consciente de ello, a que una persona que circula de forma peligrosa evite ser detenida, lo que incrementa el riesgo de accidentes graves para el resto de usuarios que cumplen las normas.
Diferencias entre avisadores, detectores e inhibidores de radar
Además, claro, es fundamental distinguir qué herramientas se pueden llevar en el coche y cuáles suponen una infracción automática según la Ley de Tráfico:
- Avisadores de radar. Son totalmente legales. Funcionan con bases de datos que contienen la ubicación de los radares fijos publicada oficialmente por la DGT. La mayoría de aplicaciones de navegación los incluyen y no conllevan ningún castigo.
- Detectores de radar. Están prohibidos por ley. Estos dispositivos rastrean la señal activa del radar cercano para avisar al conductor. Llevar uno instalado en el vehículo, aunque no se esté utilizando en ese momento, supone una sanción de 500 euros y la retirada de 3 puntos del carné de conducir.
- Inhibidores de radar. Es la falta más grave. Estos aparatos bloquean la señal del radar para impedir que mida la velocidad del coche. La multa por avisar de un control mediante el uso de estos sistemas o simplemente por llevarlos instalados es de 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos. Además, los talleres que realicen la instalación de estos equipos pueden enfrentarse a multas de hasta 30.000 euros.
La tecnología ha facilitado la comunicación constante, pero el anonimato de los grupos de mensajería ya no es una garantía. La Guardia Civil cuenta con unidades que monitorizan estas plataformas para detectar alertas que se consideran una obstrucción directa a la seguridad pública.
