No es ningún secreto que en España se lleva hablando desde hace muchos años de la implantación del pago por uso de las carreteras. El objetivo es que los ciudadanos contribuyamos (todavía más) al mantenimiento de la red viaria. En Alemania incluso quieren ir un paso más allá e instaurarlo en toda la Unión Europea.
En los últimos meses el revuelo que ha causado el tema del pago por uso de las carreteras no es pequeño. Como ya sabrás, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a la Unión Europea por el Gobierno de España recoge esta posibilidad que, hasta el día de hoy, no se había confirmado definitivamente ni tenía fecha de ejecución.
Sin embargo, ahora comienza el aluvión de «buenas noticias». Confirmado por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, será a partir de 2024 cuando se instaure en España el pago por uso de las principales autopistas y autovías. Por ahora los detalles son limitados, pero sabemos que se denominará «sistema de tarificación».
El Gobierno huye de la palabra peaje, igual creen que así nos asustaremos menos con este nuevo palo a nuestros bolsillos… Sabemos que la aplicación del nuevo impuesto llegará con un formato de pago por kilómetro recorrido, algo similar a lo que ocurre en Portugal. La recaudación irá destinada (supuestamente) a las operaciones de mantenimiento y mejora necesarias para la red viaria española.
La medida, que se articulará en la futura ley de movilidad y se extenderá a otras carreteras, es defendida por el Gobierno porque «supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario ‘usuario pagador’ y también del principio de ‘quien contamina paga’».
Desde el Ejecutivo señalan que se buscará el acuerdo social y político para implementar esta medida, pero ya adelantan que en «el caso de los vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, se impulsarán las condiciones normativas necesarias para que el coste de esta medida sea asumido por los cargadores».
Con la excusa de «quien contamina paga», moverse con su vehículo será un suplicio económico para muchas familias.
En el caso de los particulares, habrá «una campaña de concienciación y sensibilización sobre la necesidad de esta medida, orientada a sensibilizar tanto a los transportistas y a la población en general de la necesidad de la reforma», recogiéndose la posibilidad de que existan reducciones o bonificaciones para determinados colectivos.
¿Cuánto nos costará el pago por uso de las carreteras?
Nos hablan de «tarifas asumibles» desde el Gobierno, pero si tenemos en cuenta que la idea es aplicarlo de forma «escalable y progresiva» no solo a vías de alta capacidad (autopistas y autovías), sino a toda la red de carreteras, supone un dineral en cualquier caso. Diversos expertos y asociaciones cifran el coste de los peajes entre 1 y 9 céntimos por kilómetro.
Esta cifra podría variar en función del potencial contaminante de cada vehículo o la antigüedad. En cualquier caso, hablamos de una cantidad suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras en nuestro país. Hoy en día, el mantenimiento de las autovías tiene un coste para el Estado de 11.000 millones de euros.
Según el Gobierno, estas cifras no son viables ante el aumento significativo de kilómetros y la disminución de recursos públicos. Con la nueva medida, no sólo se incrementarían los ingresos para el mantenimiento de la red viaria, sino que también se amortizaría rápidamente la inversión de aproximadamente 700 millones de euros que requiere la instalación de los pórticos.
A través de ellos se garantiza el control electrónico sin barreras, algo similar a lo que existe actualmente en Portugal. La idea es que la norma esté aprobada para el segundo semestre de 2023, año en el que se pretende establecer una primera fase con un sistema de ‘viñeta’ y una cuota fija para acostumbrar a los conductores a esta nueva tarificación.
