Cuando empezábamos a escuchar buenas noticias en referencia al sector del automóvil en España de pronto llega un nuevo batacazo para varios concesionarios de las marcas Toyota, Hyundai y Opel en Madrid y Galicia. Creíamos que era el fin del cierre de concesionarios, pero con esta multa de 9 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede que aun haya mucho de lo que hablar…
Al parecer y, tal y como informaba el propio organismo en un comunicado, la CNMC consideró que este grupo de concesionarios había incurrido en una serie de prácticas prohibidas constitutivas de diversos cárteles, llegando a contar con la colaboración de una empresa conocida como ANT Servicalidad S.L., que sería la encargada de controlar el cumplimiento de los acuerdos anticompetitivos celebrados por los concesionarios en las regiones mencionadas a través de servicios de atención al cliente, estudios de mercado y realización de evaluaciones de ‘comprador misterioso’.
Según la información facilitada por Competencia, los concesionarios celebraron entre ellos numerosas reuniones en las que intercambiaban información sensible referente a varios de sus modelos, aprovechando la ocasión para llegar a acuerdos de fijación de precios, descuentos máximos y otras condiciones comerciales con las que beneficiarse. ANT Servicalidad sería la empresa externa encargada de vigilar que todos ellos cumplían estos acuerdos que Competencia asegura «fueron llevados con manifiesta ocultación y secretismo«.
- Toyota: A.E. Llorente, Comauto Sur, M. Conde, Herbamotor, Hispano Japonesa Motor, Julián Gómez Rodríguez, Kobe Motor, Kuruma Sport, Madrid Cars 2000, Motor Arjona y Supra Gamboa.
- Hyundai: Almoauto Motor, Cars Corea, Cobendai, Iberdai Motors, Liderdai, Merodigar Motor, Motor Gamboa, Rocal Automoción, Santón Oliva, Talleres Pita, Yuncar Motor y Zonauto Sur.
- Opel: Aceña Movil, Aelsa, Agrogil, Alcarreña de Turismos, Automóviles Urbieta, Autotodo, Autoviasa, Comercial Autovía, Bétula Cars, Centro Sur de Automóviles, Cesmauto, Diso Madrid, Gerar, Gómez Platz, Ibericar Technik, Lista Motor, Motorkar, Motor Aluche, Motor Coruña, Motor Leyva, Roauto, Seligrat Automoción, Talleres Prizan, Turismotor y ANT Servicalidad y Anco Central de Compras.
Y la peor parte del pastel parece llevársela la red de concesionarios Opel, pues la CNMC ha añadido en el comunicado que “ha quedado acreditada la participación de la asociación de concesionarios Opel España (Ancopel)”, contra la que también se tomarán medidas sancionadoras.
Como cabría esperar, la respuesta por parte de concesionarios y asociaciones no ha tardado en llegar. La propia Toyota Madrid Cars se ha pronunciando contra la Resolución de Competencia asegurando que no se ha cometido ninguna irregularidad y se ha actuado siempre dentro del marco legal establecido, por lo que existe la posibilidad de que se lleve el asunto a la Audiencia Nacional ante la imposibilidad de interponer recurso por vía administrativa.
FACONAUTO, la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción también ha manifestado su desacuerdo con la Resolución, puntualizando que “no existen prácticas ilícitas en la distribución de automóviles, pues es el sector de la economía española con mayor competencia entre marcas e intramarca”. Vamos, lo que viene siendo una justificación con fundamento…
Apoyan su defensa en el hecho de que las pymes concesionarias llevan siete años de pérdidas, por lo que si éstas cierran habrá menos competencia en el mercado. Eso sin hablar de las 100.000 ventas de unidades y los 135.000 empleos del sector de la distribución de automóviles que se perderán debido a los cierres de concesionarios.
Sin duda, es un duro golpe para las pymes concesionarias, pero la ausencia de pruebas o justificantes por parte de los concesionarios multados hace dudar hasta al más confiado. Además, no debemos olvidar que la CNMC considera prioritaria la lucha contra los cárteles y por ello ofrece lo que se conoce como un ‘Programa de Clemencia’, que permite a las empresas o directivos implicados en dichas prácticas la exención total o una reducción de la multa en caso de aportar información sobre las mismas.
