Hacía mucho tiempo que no teníamos noticias del famoso y polémico ‘Dieselgate’ de Volkswagen. Poco a poco las sentencias relacionadas con el escándalo de las emisiones del gigante alemán van viendo la luz en nuestro país, aunque en algunas ocasiones, la justicia, lejos de dar la razón a los afectados, se la da al fabricante, como ya os conté hace unos meses.
Sin embargo, esta vez ha ocurrido todo lo contrario, ya que el juzgado de primera instancia número 4 de Manacor, Mallorca, ha anulado una compraventa de un vehículo afectado por el ‘Dieselgate’ realizada en 2012. Concretamente, el concesionario y el vendedor del vehículo deberán abonar al afectado los 19.378,11 euros que costó su Skoda Yeti, el cual deberá ser devuelto a la marca.
La demanda asegura que el Yeti del demandante está afectado por la práctica fraudulenta de Volkswagen y que la venta «se efectuó de forma engañosa«, pues nadie informó al cliente sobre la existencia de un software ilegal y de los niveles exactos de emisiones. Es por ello que el demandante reclamaba la nulidad de la compraventa o bien que se resolviera el contrato por incumplimiento, así como una indemnización de más de 15.000 euros por depreciación del vehículo, daños morales y gastos de financiación.
Y la respuesta del Juez ha sido contundente, ya que a pesar de que el magistrado señala que el contrato de compraventa no especificaba nada acerca de los niveles de emisiones de NOx, sí que se publicitaba el vehículo como respuesta a la «gran preocupación por el medioambiente«.
Pero no queda ahí la cosa, porque todavía más peculiar es el hecho de que el jefe de taller afirmara que el modelo, el cual se vende bastante poco, equipaba unas llantas y unas cubiertas orientadas al bajo consumo, a lo que el Juez ha sentenciado que dicha escasez de ventas lleva a concluir que el bajo nivel de emisiones contaminantes del Skoda Yeti Greenline «fue el motivo principal de adquisición para una gran mayoría de usuarios, y que las restantes características del vehículo no disponían de atractivo suficiente para otros potenciales compradores que no se movieran en función de criterios ecológicos«.
Concluye el magistrado en la sentencia que el nivel de emisiones de este modelo no es inferior al de la mayoría de vehículos del mercado, por tanto, se pueden tomar en consideración tanto la resolución del contrato como la acción de anulabilidad de la compraventa. Si a ello le añadimos que el vehículo ha circulado con el software alterado más de 57.000 kilómetros en sus cinco años de vida, aunque se reconfigurase el mismo «nunca podrían subsanarse las emisiones de gases producidas con anterioridad«, por lo que procede a declarar la nulidad, que en este caso es la petición que comporta mayor satisfacción del interés económico del demandante.
Según explica Martínez-Blanco Abogados, despacho que ha llevado el caso, «esta resolución es pionera en España, ya que hasta la fecha lo máximo que habían reconocido los tribunales era una indemnización a los afectados de entre 500 euros y el 10% del valor del vehículo«.
Así, el Juez ha condenado al fabricante y al vendedor a devolver el precio de venta del vehículo al interesado y los intereses legales devengados desde 2012, ya que concurre en el comprador «un error excusable» sobre una de las condiciones principales que dieron lugar a la elección de este vehículo; mientras que el comprador deberá devolver el vehículo a la marca. Contra la sentencia cabe recurso de apelación.
