Poco a poco las sentencias relacionadas con el famoso ‘Dieselgate’ de Volkswagen van viendo la luz, aunque en algunas ocasiones, la justicia, lejos de dar la razón a los afectados, se la da al fabricante. Ha ocurrido en nuestro país, concretamente en Cantabria, donde el titular del Juzgado de Primera Instancia número uno de Torrelavega, Pablo Fernández de la Vega, ha rechazado anular la venta de un Volkswagen afectado por el escándalo de las emisiones.
Sí, yo también he pensado lo mismo: «pues empezamos bien«. Ésta es la primera sentencia relacionada con la venta de vehículos con motores trucados para disimular las emisiones de óxido de nitrógeno que vemos en España, y lo cierto es que el resultado no es precisamente positivo, pues según afirma el propio juez, el demandante, que compró un Volkswagen Tiguan en el año 2012, «no ha demostrado tener una especial conciencia medioambiental» y «el vehículo es apto para la circulación«.
El propietario del Tiguan alegaba que el vehículo que había comprado tenía el motor trucado para disimular las emisiones contaminantes, tal y como la propia Volkswagen admitió en septiembre del año pasado, por lo que pedía que se anulara la operación de compra y que se le devolviera el precio pagado por el vehículo (34.541,9 euros). Lejos de ser recompensado, su petición ha sido totalmente desestimada por el juez, y para mayor inri nuestro protagonista ha sido condenado a pagar las costas, aunque todavía puede recurrir el fallo.
Según afirma la sentencia, «el vehículo es apto para la circulación” y no hay medida alguna en España o en la Unión Europea que ordene la paralización de los vehículos afectados, a pesar de que en nuestro país se vendieran casi 700.000 unidades afectadas.
Por otra parte, desde El País señalan que la reclamación se dirigía tanto contra Volkswagen Audi España como contra Parte Automóviles, concesionario oficial que la marca posee en Torrelavega. Respecto a la marca, el juez afirma que no hay vínculo contractual alguno, mientras que frente al concesionario el magistrado desestima la posibilidad de anular el contrato porque no hay prueba alguna, “ni siquiera de modo indiciario”, de que el vendedor tuviera “conocimiento de que el vehículo tenía instalado un software malintencionado”.
A estos argumentos para desestimar la demanda le acompañan otros tantos que le dan incluso un toque cómico a la noticia, ya que el juez hizo especial hincapié en que el comprador no ha demostrado tener una especial conciencia medioambiental, ni “que pertenezca a alguna asociación ecologista haciendo aportaciones económicas […]”. Vamos, que si no eres de Greenpeace y tu Volkswagen contamina date por jodido perdido…
Por último, otro de los argumentos utilizados para desestimar la demanda es que los vehículos afectados se pueden reparar “en términos razonables” y, por tanto, “no cabe pretender la resolución de la venta”. Es decir, que la “solución técnica” que ha ofrecido el grupo Volkswagen a los dueños de los vehículos afectados “es la adecuada y no existe causa alguna que justifique su rechazo”.
Y vosotros, ¿qué opináis?