El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una sentencia que anula parcialmente la Ordenanza de Movilidad Sostenible del alcalde José Luis Martínez-Almeida, afectando directamente a las dos principales Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital: Madrid Central y Plaza Elíptica.
Este fallo, motivado por un recurso presentado por VOX, argumenta que la normativa no tuvo en cuenta el impacto económico que estas restricciones de tráfico tendrían sobre colectivos empresariales con menos capacidad financiera, como autónomos y pequeñas empresas.
Aunque se trata de una muy buena noticia, esta sentencia aún no es firme y está pendiente de un posible recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Madrid Central y las Zonas de Bajas emisiones
La sentencia, que supone un golpe directo a una de las políticas más visibles del mandato del alcalde del Partido Popula que llegó al gobierno prometiendo, entre otras cosas que Madrid Central se acababa cuando él llegara, cuestiona la forma en la que se aprobó la Ordenanza de Movilidad Sostenible.
Según el fallo, el Ayuntamiento no realizó un análisis económico adecuado antes de implantar las Zonas de Bajas Emisiones, que limitan el acceso de vehículos contaminantes a áreas clave de la ciudad.
El TSJM ha estimado parcialmente los argumentos presentados, que subrayan una «manifiesta insuficiencia» en los informes económicos previos a la aprobación de la normativa.
El tribunal considera que las restricciones ambientales impuestas en Madrid Central y Plaza Elíptica afectan desproporcionadamente a sectores empresariales con menos capacidad para adaptarse a los cambios exigidos.
Hay que recordar que estas zonas prohíben la circulación de vehículos sin distintivo medioambiental y aquellos con la etiqueta A, lo que ha supuesto una barrera para muchas pequeñas empresas que no pueden permitirse la compra de vehículos menos contaminantes.
Uno de los puntos clave de la sentencia es el reconocimiento del perjuicio que estas medidas generan sobre miles de vehículos profesionales que acceden a Madrid, principalmente a través de Plaza Elíptica, una de las principales arterias de entrada a la capital.
La resolución subraya que se debió considerar el impacto que la renovación de la flota de vehículos tendría sobre colectivos como autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes), quienes tienen menos capacidad económica para cumplir con las normativas medioambientales. Esto, según el fallo, afecta a las condiciones de competencia y al mercado, aumentando las dificultades para los negocios que dependen del transporte en estas zonas restringidas.
La actual ordenanza no respeta el principio de proporcionalidad en materia ambiental
La normativa, aprobada en 2021, fue impulsada bajo el mandato del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, encabezada por Borja Carabante. Sin embargo, el TSJM concluye que la Ordenanza no respeta el principio de proporcionalidad en materia ambiental, tal y como lo exigen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Supremo.
Este principio establece que cualquier medida ambiental debe equilibrar sus beneficios ecológicos con los posibles impactos económicos y sociales.
La resolución judicial, aunque aún no es definitiva, ha generado incertidumbre sobre el futuro de la movilidad en Madrid. En Cibeles, el equipo de gobierno ya se encuentra estudiando los detalles del fallo y analizando posibles vías de recurso.
La sentencia no afecta a la totalidad de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, sino únicamente a las disposiciones que regulan las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) en el distrito Centro y Plaza Elíptica.
El Ayuntamiento tiene un plazo de 30 días para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que mantendría en suspenso la ejecución del fallo. Mientras tanto, las Zonas de Bajas Emisiones siguen operativas, por lo que los vehículos que no cumplan con los requisitos medioambientales establecidos en la Ordenanza aún no podrán circular por el centro de la ciudad.
La sentencia pone sobre la mesa el complejo equilibrio entre las políticas medioambientales y las realidades económicas de los sectores más vulnerables, abriendo el debate sobre cómo deben gestionarse las futuras medidas para garantizar una transición justa hacia un modelo de movilidad más sostenible en Madrid y entendemos que en otras ciudades.
