Recientemente la Comisión de Expertos de Transición Energética ha entregado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital su nuevo informe «Análisis y propuestas para la descarbonización«. En este se trata una serie de medidas en forma de propuestas para cumplir con el Acuerdo de París y los objetivos de descarbonización comprometidos con Bruselas, por ello, entre muchos otros sectores y temas se habla de la electrificación del parque de vehículos, un proceso necesario si queremos disminuir las emisiones de los motores de combustión.
En este apartado podemos encontrar diferentes supuestos sobre el futuro de la electrificación y el largo proceso que supondría en España con el actual parque móvil. Analizando las cifras de matriculaciones de eléctricos se puede ver que de momento no suponen un alto porcentaje de las ventas en España, en el año 2017 se produjeron 7.067 matriculaciones de un total de 1.344.794 turismos en nuestro país, y por ello se establece el año 2030 como un punto hipotético en el que la penetración de los eléctricos podría alcanzar cifras comparables a los motores de combustión.
En cuanto a los diésel, se recomienda una subida del precio del gasóleo de más de un 28%, en contrapunto con un incremento de la gasolina de solo el 2%. Por otro lado, el gas subiría un 6% en los hogares y la electricidad caería un 6,8%, como resultado se obtendría una presión fiscal global neutra. El comité de expertos castigaría de forma más severa los más contaminantes y emisores de CO2, ya que según estos los impuestos que cargan los combustibles fósiles no pagan los daños medioambientales que causan, solo cubren el coste de las carreteras.
Para no afectar directamente a la economía de nuestro país se excluirían tres sectores más sensibles a estas subidas de impuestos: los conductores profesionales, la industria en el exterior y los agricultores. Además, el pago de impuestos asociado a los diésel estaría asociado con una larga pila de medidas, como incentivos para la transición del transporte más sensible o la obtención de energías alternativas e infraestructura necesaria en el entorno urbano y carreteras.
También se habla de las centrales nucleares y su papel en la energía de los próximos años, calculando que su cierre anticipado elevaría el coste de generación entre 2.000 y 3.000 millones de euros cada año. Pero centrándonos únicamente a los diésel podemos asegurar que el futuro pinta bastante crudo, ya que poco a poco los protocolos y prohibiciones en las ciudades junto con nuevos impuestos podrían provocar una mayor caída en sus ventas hasta probablemente su extinción.
En este informe aún se ve necesaria la figura de los diésel, pero únicamente para sufragar el enorme coste de una transición energética a fuentes renovables y alternativas menos contaminantes. Queda recordar que de momento se trata únicamente de propuestas, no de medidas definitivas.