Este fraude masivo ha sido descubierto recientemente por la Guardia Civil en Ciudad Real, y ha provocado nada menos que 75 detenidos que ya han sido puestos en libertad con cargos. Al parecer utilizaban la documentación de vehículos dados de baja para su desguace en la tramitación de las ayudas del plan PIVE, además las autoridades continúan investigando a otras 29 personas en la denominada ‘Operación Preveo‘.
Tanto compradores como vendedores han sido detenidos en esta operación llevada a cabo en Castilla-La Mancha, donde se ofrecía la posibilidad de transferir el nombre de un coche que cumpliera con las condiciones del plan PIVE para beneficiarse de las populares ayudas de la Administración.
De las 75 detenidos, 44 de ellos obtuvieron ayudas públicas mediante este ‘modus operandi‘ y por ello han sido detenidos por estafa, mientras que otras 11 personas están directamente relacionadas con la compraventa de vehículos a través de concesiones así como talleres. Estas investigaciones comenzaron allá por diciembre del 2015, cuando se produjo una denuncia de un vecino de un pequeño municipio de Ciudad Real al que se estaba cobrando un impuesto de vehículos por tracción mecánica sobre un vehículo que ya entregó para su baja definitiva.
En este mismo momento, la Guardia Civil comienza una investigación como consecuencia de una serie de anomalías sobre dicho vehículo y la tramitación de su baja, que finalmente había sido transferido a una tercera persona y dado de baja a los tres días. Por ello se realiza una inspección al establecimiento, y durante esta misma se descubren nada menos que la documentación de más de 350 vehículos entregados para su baja definitiva. Las sospechas de que toda esta documentación fuera a ser usada para el mismo propósito es cada vez mayor y se realiza una análisis de la misma.
Finalmente se determinó que esta documentación de vehículos entregados para su baja definitiva estaba siendo utilizada para obtener ayudas públicas por la compra de vehículos nuevos, y así poder beneficiarse directamente del plan PIVE. Recordamos que para poder obtener dichas ayudas era necesaria la entrega de un vehículo con más de diez años de antigüedad, sin que se exigiera un tiempo mínimo en su titularidad, hasta marzo del 2015 cuando cambiaron las bases para exigir al menos un año de titularidad.
¿Su ‘modus operandi‘? Tan simple como que el vendedor del vehículo nuevo ofrecía al comprador la posibilidad de transferir a su nombre un vehículo que cumpliera estas condiciones del plan PIVE en el caso de que no tuviera ninguno. Estos vendedores enviaban a sus compradores al desguace de La Solana en Ciudad Real, donde se realizaba la compra de documentación de un vehículo antiguo pagando unas cantidades que podían variar entre 150 y 400 euros.