La flota de helicópteros con radar Pegasus de la Dirección General de Tráfico (DGT), uno de los pilares de la vigilancia aérea en carretera, permanece en tierra desde el pasado 1 de septiembre tras expirar su contrato de mantenimiento. La situación ha generado inquietud entre conductores y expertos en seguridad vial, que advierten sobre el impacto que esta medida temporal podría tener en el control del tráfico.
El motivo del parón: contrato vencido y nueva adjudicación pendiente
La paralización se debe a la caducidad del contrato que garantizaba el correcto mantenimiento de las aeronaves. Hasta que se adjudique el nuevo servicio, los helicópteros permanecerán en tierra, lo que ha reducido la presencia de vigilancia aérea en las carreteras españolas.
Aunque el Ministerio del Interior asegura que el proceso de licitación está en marcha y que los aparatos volverán a volar en breve, la situación ha generado críticas por la falta de previsión administrativa, dado que el mantenimiento de estos equipos es esencial para su operatividad.
Impacto en la seguridad vial por no tener Pegasus
Los helicópteros Pegasus son una herramienta clave para detectar infracciones como exceso de velocidad, uso del móvil al volante, adelantamientos indebidos o falta de uso del cinturón de seguridad. Su tecnología avanzada, que incluye radares y cámaras de alta resolución, permite controlar tramos de carretera de forma discreta y eficiente.
Con los aparatos en tierra, la DGT ha reforzado el uso de otros medios de control como radares fijos y móviles, drones y patrullas de la Guardia Civil. Sin embargo, expertos en seguridad vial señalan que la ausencia de los Pegasus supone una merma significativa en la capacidad de supervisión aérea.
Un futuro inmediato con nuevos retos
El regreso de los helicópteros a las carreteras dependerá de la rapidez en la adjudicación del contrato de mantenimiento. Mientras tanto, la DGT insiste en que el resto de sus dispositivos de control garantizan la seguridad de los usuarios.
Esta situación pone sobre la mesa el reto de mejorar la planificación y gestión de los recursos de vigilancia para evitar parones que puedan comprometer la seguridad vial, especialmente en épocas de alta movilidad como el final del verano.