El impulso hacia el vehículo eléctrico en España enfrenta importantes obstáculos, no solo por el ritmo más lento del esperado, sino por los efectos colaterales que podría desencadenar la ambiciosa estrategia planteada por el Gobierno. Con menos de 500.000 coches eléctricos previstos para finales de 2024, la meta de alcanzar un parque de 5,5 millones de unidades para 2030 parece desproporcionada, según señalan voces del sector automovilístico. No obstante, la administración continúa adelante con su plan sin contemplar ayudas directas, una decisión que podría generar tensiones internas y desencadenar consecuencias imprevistas.
El reciente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, presentado ante Bruselas, establece un ambicioso marco que plantea la venta de un millón de vehículos eléctricos por año durante los próximos cinco años. Sin embargo, este objetivo ha sido tildado de excesivo por los actores del sector, que advierten de los riesgos que puede conllevar un crecimiento tan acelerado. El Gobierno, por su parte, confía en que la reducción de precios en los vehículos eléctricos logrará compensar la falta de apoyo financiero directo, aunque no todos los miembros del Ejecutivo comparten este optimismo.
¿Adiós a las ayudas al vehículo eléctrico?
El punto más controvertido del plan radica en la eliminación gradual de las ayudas públicas. El Pniec asegura que, para 2025, los vehículos ligeros alcanzarán una paridad de precios con los de combustión interna, eliminando la necesidad de subsidios para su adquisición. Sin embargo, esto plantea una incógnita: ¿cómo afectará esta retirada de ayudas al ritmo de adopción de la tecnología, especialmente en un contexto económico incierto?
A pesar de esta decisión, el plan no abandona por completo el apoyo público. Se prevé mantener incentivos fiscales y otros mecanismos para el desarrollo de la infraestructura de recarga, particularmente para vehículos pesados y en áreas con menor atractivo para la inversión privada. Esto, sin duda, añade presión a las empresas energéticas, que ya mantienen una disputa con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre las inversiones necesarias en redes de distribución.
El futuro del vehículo eléctrico en España parece, entonces, condicionado no solo por las decisiones gubernamentales, sino también por las dinámicas del sector energético.
La necesidad de una infraestructura de recarga robusta, sumada a las demandas de inversión en redes eléctricas, podría ralentizar los avances en movilidad sostenible si no se ajustan las retribuciones que reciben las empresas del sector.
A pesar de la firmeza del plan energético, dentro del Gobierno surgen voces disidentes. El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha expresado una postura más cautelosa, señalando la importancia de mantener ciertos apoyos para el impulso de la movilidad eléctrica, al menos a corto plazo. «Es un tema que estamos trabajando», afirmó Hereu, refiriéndose a la posibilidad de reactivar los planes de ayudas como el Moves, en contraposición a la estrategia oficial que rechaza las ayudas a fondo perdido.
Así, la implantación masiva del vehículo eléctrico en España no solo plantea desafíos logísticos y económicos, sino que también abre un debate político que podría complicar su ejecución. El éxito del plan depende tanto de las medidas de apoyo a la infraestructura como de las decisiones que se tomen en torno a la financiación, generando incertidumbre sobre si el país está realmente preparado para liderar esta transición sin un respaldo financiero claro.
