Qué tiempos aquellos en los que el precio de los peajes iba en descenso, como ocurrió en 2016 y 2017. De cara al próximo año veremos una nueva subida del precio medio de los peajes, y ya van tres años seguidos. En esta ocasión será de una media del 0,84% y se aplicará a 1.270 kilómetros de vías de pago dependientes de la Administración General del Estado.
Es un porcentaje razonable si lo comparamos con el 1,67% y el 1,91% que, respectivamente, se aplicaron en 2019 y 2018, pero aun así representa una subida importante. Cabe recordar que la actualización del precio medio del peaje de las autopistas es fruto de una fórmula de revisión automática anual que el sector pactó con el Gobierno allá por 2002.
Entre las principales variables que se tienen en cuenta para su cálculo está el IPC medio entre los meses de octubre de un año y del siguiente, que se pondera en función de la evolución de los tráficos. Por suerte, quedarán excluidas de la subida las nueve autopistas que fueron rescatadas por el Estado tras la crisis, actualmente gestionadas por el Ministerio de Fomento.
Esto es así porque la empresa encargada de la gestión de estas vías, Seittsa, es una firma pública que lleva a cabo la explotación a través de un contrato que no es de concesión. Hablamos de unos 700 kilómetros de autopistas en total y son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 del aeropuerto de Barajas, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda y los tramos de la AP-7 entre Cartagena y Vera, y la Circunvalación de Alicante.
También se librarán de la subida de precio las dos autopistas que este año finalizan su contrato de concesión: el tramo de la AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante, y el tramo de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, ambas actualmente gestionadas en concesión por Abertis y que, al cierre de 2019, revertirán al Estado como ya lo hizo la AP-1 hace unos meses.
Esta subida, que será efectiva a partir del próximo 1 de enero de 2020, ha vuelto a abrir el debate en torno a la necesidad de garantizar el mantenimiento y la viabilidad de la red de autopistas y autovías del Estado mediante la implantación del pago por uso en la red viaria, un tema bastante candente que está en pausa con la ausencia de gobierno.
