Últimamente las cosas se están poniendo serias en materia de combustible con las propuestas del Ministerio de Transición Ecológica, como el fin del vehículo de combustión interna para 2040, la equiparación del precio del diésel y la gasolina o la obligación para aproximadamente 1.200 gasolineras de convertirse en ‘electrolineras’ en un plazo máximo de 27 meses.
Sin embargo, la Unión Europea parece no estar del todo de acuerdo con nuestro gobierno actual y su tajante forma de acabar con los vehículos de combustión interna. Al menos así lo ha señalado el comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, quien afirma que la Comisión Europea analizará si es «conforme o no» a normativa del mercado interno prohibir este tipo de vehículos desde 2040.
En una reciente entrevista a La Tribuna de Automoción, Cañete indicaba que «no le consta» que otros países hayan fijado por ley una prohibición de semejante calibre y, desde luego, desde la Comisión Europea no se plantean adoptar una medida tan restrictiva por las duras repercusiones que conllevaría.
Como ha indicado el comisario, la labor de la Comisión es «establecer trayectorias con la contribución de cada sector a la descarbonización, pero no proponer medidas concretas drásticas«. Es más, actualmente el Consejo y el Parlamento Europeo están debatiendo la estrategia en el horizonte 2050, cuyos objetivos pasan por la reducción de emisiones elaborada por la Comisión.
Dicho debate se centra en el establecimiento de un objetivo del 35% o 45% de reducción de emisiones, pero se encuentra paralizado a causa de la falta de consenso entre las partes. Arias Cañete culpa a la «poca flexibilidad» de las partes y señala que, en caso de no haber consenso a lo largo de esta legislatura, se mantendrán los objetivos de 95 gramos ya establecidos, con lo que «no iríamos en el camino de atajar las emisiones«.
El comisario tampoco se ha dejado en el tintero el tema de las ‘electrolineras’, pues es otro de los puntos de debate entre las Cámaras Europeas, señalando que «no se puede conseguir este objetivo haciéndolo obligatorio únicamente en gasolineras«, pues se trata de «puntos públicos de recarga«. También afirma que «los datos de la Comisión apuntan a que la electrificación acaba con generación neta de empleo«, pero se producirán «impactos claros» en los fabricantes.
