No es ningún secreto que en muchas zonas de España te pones a buscar la gasolinera más barata y curiosamente todas tienen precios excesivamente similares, sobretodo si hay pocas gasolineras en ese área. Es por ello que actualmente la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de una investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, está analizando 1.116 puntos de venta de carburante donde ha podido existir una alineación de precios.
Al parecer, empresas que deberían ser competidoras entre sí, como puedan ser Repsol, Cepsa, Disa o Meroil, podrían haber incurrido en un delito de alteración de precios al estipular entre ellas un precio similar en centenares de gasolineras.
Recordemos que en 2013 se inició la investigación para esclarecer el polémico pacto de precios de carburantes entre diversas petroleras en el que tuvo que intervenir la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, cuyos resultados se conocieron en 2015 y tuvieron como consecuencia el pago de una multa de 32 millones de euros por parte de las compañías mencionadas y Galp a raíz de llevar a cabo prácticas prohibidas en la coordinación de precios de los carburantes, así como por pactos de no agresión e intercambios de información realizados entre las empresas.
Ahora, el magistrado de la Audiencia Nacional quiere saber si esas prácticas continúan llevándose a cabo y en el marco de esta investigación la UCO se ha centrado en las comunidades autónomas de Baleares, Galicia y País Vasco, que son las regiones donde se presentan los precios más elevados de la Península y donde existe una mayor concentración de los operadores integrados y más reducida la presencia de operadores independientes.
Por el momento, tras una investigación llevada a cabo durante los meses de junio y julio de este año -cuyo informe se entregó al juez el pasado 12 de septiembre-, solo existen ciertas coincidencias que se deben valorar si son o no casualidad. En las Islas Baleares, los agentes analizaron 187 puntos de venta de carburante; en la Coruña 250; en Lugo 109; en Pontevedra 177; en Álava 62; en Guipozcoa 118; y en Vizcaya 122.
Además de las estaciones de servicio como tal, también están siendo investigados en la causa el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; el entonces presidente de Cepsa Compañía Española de Petroleos, Khadem Al Qubaisi; el consejero delegado de Disa, Raimundo Baroja, y el presidente ejecutivo de Meroil, José Luis Porte Solano.
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