China ha dado un nuevo paso para reforzar la regulación de su industria automovilística. La Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) ha publicado un borrador de directrices destinadas a regular las prácticas de fijación de precios de los fabricantes de automóviles, en un contexto marcado por la rápida introducción de nuevos modelos y una competencia cada vez más intensa entre los actores tanto en su mercado como en el exterior.
Las denominadas “Directrices para el Cumplimiento del Comportamiento de Precios en la Industria Automovilística” estarán abiertas a comentarios públicos hasta el 22 de diciembre.
Control integral de las estrategias de precios en la industria china
Las nuevas directrices establecen estándares claros de conducta en materia de precios para los fabricantes de automóviles y definen requisitos de cumplimiento que abarcan toda la cadena de valor, desde la producción de vehículos y partes hasta las estrategias de precios y prácticas de venta.
Entre los puntos clave, se exige a los fabricantes implementar un sistema integral de gestión de precios, que cubra no solo la venta de vehículos, sino también los servicios financieros y procesos relacionados. El objetivo es garantizar transparencia, trazabilidad y coherencia en todas las decisiones comerciales vinculadas a los precios.
Regulación de promociones y protección de los concesionarios
El borrador también pone especial énfasis en la regulación de promociones, descuentos y reembolsos. Las políticas de incentivos deberán estar claramente definidas y reflejadas en los contratos, al tiempo que se respeta el derecho de los concesionarios a fijar sus propios precios de manera autónoma.
La SAMR advierte que las prácticas de precios inadecuadas, como la venta de vehículos por debajo de precio de coste, serán objeto de sanciones. Esta medida busca frenar guerras de precios que distorsionen el mercado y afecten a la competencia.
Un paso clave para ordenar el mercado chino
Con estas nuevas directrices, China busca ordenar el mercado, proteger a los consumidores y promover una competencia saludable en uno de los sectores más dinámicos y estratégicos de su economía. De aprobarse, las normas podrían tener un impacto significativo tanto en fabricantes locales como internacionales que operan en el país.