California avanza hacia su meta, la neutralidad de carbono para 2045, un plan que exige una rápida transición hacia los vehículos eléctricos (EV).
Ese cambio trae un desafío mayúsculo: la pérdida progresiva del impuesto a la gasolina, que hoy financia cerca del 80% del mantenimiento vial del estado de California. Ante este escenario, las autoridades están probando un nuevo modelo que podría transformar la forma en la que los conductores de coches eléctricos contribuyen al sistema: un impuesto por milla recorrida.
Un impuesto de hasta 4 centavos por milla para conductores de coches eléctricos
El estado completó recientemente un programa piloto en el que se cobró a propietarios de vehículos eléctricos entre 2 y 4 centavos de dólar por cada milla conducida, lo que vendría siendo 1 céntimo de euro por cada 1,6 kilómetros. La idea es simple en teoría: si los conductores ya no compran gasolina, entonces deben aportar a través del uso directo de la infraestructura vial. Sin embargo, la ejecución del modelo genera dudas económicas, logísticas y de privacidad.
¿Por qué California necesita un nuevo modelo de financiación vial?
Cada galón de gasolina vendido en el estado incluye alrededor de 61 centavos destinados al mantenimiento de carreteras, autopistas y caminos locales. Con la rápida adopción del vehículo eléctrico que han experimentado, esta fuente de ingresos se reducirá drásticamente en los próximos años. Sin un reemplazo, el estado se enfrentará a déficits significativos para mantener la infraestructura que millones de conductores utilizan diariamente.
El impuesto por milla surge como respuesta a esta brecha. Estados como el Reino Unido ya aplican modelos similares para conductores de híbridos enchufables y eléctricos, y California observa estos experimentos muy de cerca.
¿Quién paga más? Los riesgos para conductores de largas distancias
Uno de las principales cuestiones radica en el impacto desigual del impuesto. Conductores con trayectos extensos, especialmente en zonas rurales o con largas distancias entre centros de trabajo, serían los más afectados.
Según Fox News, un viajero que recorre diariamente la distancia existente entre Hanford y Fresno (con una distancia entre ciudades de unos 51 km) podría pagar alrededor de 11 dólares semanales. En un año, esa cifra se convertiría en una carga económica significativa, sobre todo para quienes no cuentan con alternativas de transporte viables.
David Kline, representante de la California Taxpayers Association, resume el principio del modelo con una frase clara: “Alguien tiene que pagar por las carreteras. Deberían ser las personas que las usan.” Aun así, advierte que el esquema podría trasladar el coste a grupos menos capaces de asumirlo, abriendo un debate sobre equidad y viabilidad.
La polémica monitorización del kilometraje: ¿solución eficiente o amenaza a la privacidad?
El mecanismo para medir las millas recorridas es otro punto conflictivo. Una de las propuestas implica un dispositivo instalado en cada coche para registrar los desplazamientos con precisión. Este método permitiría calcular el impuesto de forma automática, pero abre el melón sobre costes operativos y, sobre todo, privacidad.
El despliegue masivo de estos dispositivos sería costoso y requeriría una infraestructura tecnológica compleja. Más importante aún, muchos californianos podrían mostrarse reacios a que su vehículo sea monitorizado de manera permanente, especialmente si los datos son administrados por terceros o si existe riesgo de usos secundarios no relacionados con el impuesto.
El equilibrio entre control, transparencia y protección de datos personales será crucial para que el modelo gane la aceptación pública.
Mientras California analiza los resultados del programa piloto y evalúa distintos sistemas de cobro, persiste la pregunta clave: ¿cómo financiar un sistema vial sostenible en una economía que abandona los combustibles fósiles?
El impuesto por milla promete equidad y continuidad financiera, pero también se enfrenta desafíos operativos y sociales que aún no tienen respuesta definitiva.
Lo que sí está claro es que la transición hacia un futuro eléctrico requerirá no solo coches más limpios, sino también nuevas soluciones fiscales con las que pagar por las carreteras.